| 8 min | David Martín
“Les voy a pedir una cosa. Disfruten, hoy es un día histórico”.
Así se expresó Yolanda Díaz el pasado martes, tras finalizar el Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Y sí, fue un día histórico, pero para ella, no para el diálogo social, que tras 45 años siendo bipartito, se ha convertido en un “monólogo social”, al aprobar la ministra de Trabajo sus dos medidas estrella —o estrelladas—: la reducción de jornada a 37,5 horas en cómputo anual (que no semanal, como algunos creen, pensando que saldrán media hora antes del trabajo) y el incremento del SMI en 50 euros mensuales. De estos, Hacienda podría quedarse con 20, ya que esta subida no ha ido acompañada de una adaptación del mínimo exento del IRPF. Ambas medidas han sido promulgadas sin el consenso de quienes generan el empleo.
Y es que el empleo no lo genera el Gobierno, sino los autónomos y empresarios que cada mañana levantan el cierre junto con sus trabajadores. Por esta razón, es fundamental contar también con ellos, más aún cuando la reducción de la jornada a 37,5 horas supondrá un coste para las empresas de entre 21.000 y 24.000 millones de euros (2.000 euros de coste adicional por trabajador). Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), esta medida aumentará los costes laborales en un 6,7 %, impactando en la productividad.
Las treinta y siete horas y media vienen sin vaselina, imponiéndose a los convenios colectivos por el principio de jerarquía normativa. Aunque regula un plazo hasta el 31 de diciembre para que se abran las más de 4.000 mesas de negociación de los convenios con jornadas anuales superiores para las adaptaciones preceptivas, en 2026 estos no podrán mantener su jornada anual si es superior hasta el final de vigencia. Esto es especialmente relevante si se considera que, en 2024, el 32,4 % de los convenios colectivos con efectos económicos ya incluían jornadas inferiores a 37,5 horas. Sin embargo, estos convenios solo afectaban al 11,9 % de los trabajadores y al 2,3 % de las empresas, lo que nos da una idea de lo que se avecina —y nunca mejor dicho— en las “comunidades” de empresarios y representantes de los trabajadores.
Tampoco fue un día “histórico” para la autonomía de la negociación colectiva. Esta reducción de jornada es un lobo con piel de cordero, pues, en teoría, únicamente se debiera referir a que estas 37,5 horas fueran la jornada máxima de trabajo. Sin embargo, en realidad está tratando de incidir en la duración efectiva de la jornada de trabajo laboral, materia propia de la negociación colectiva. Cualquier injerencia por parte del gobierno en esta, supone pasar por el arco del triunfo el artículo 37 de la Constitución Española.
Y esta medida no viene sola. En el anteproyecto de ley se refuerza también la obligatoriedad de implantar medidas y protocolos de desconexión digital en las empresas, y se confirma en los seis meses siguientes, desde la publicación el BOE de esta misiva, que entrará en vigor la obligatoriedad del registro digital de la jornada laboral, con multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador… En este contexto de cambios legislativos y nuevas obligaciones para las empresas, contar con una consultora competente en asesoría contable, fiscal y laboral como Addit se vuelve crucial para navegar hacia aguas seguras.
Veremos si “habemus papam” antes del verano y si, con estas medidas, la formación de Carles Puigdemont sigue una estrategia similar a la que utilizó para el rescate del decreto ómnibus, ya que este anteproyecto aún necesita los preceptivos informes previos del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley en torno a finales de febrero. Luego, pasará al Congreso en marzo, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
En la viña del Señor, todo puede pasar.
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