| 8 min | David Martín
No son pocas las asignaturas que en materia laboral se han quedado pendientes al terminar el pasado curso lectivo y que no las damos por “aprobadas”, aunque ya no haya “Septiembre” … por lo que se nos avecina un otoño movidito donde, desde las firmas legales como Addit, tendremos que dar el “do de pecho” para intentar dar luz a las numerosas lagunas jurídicas y cambios pendientes en nuestra legislación, que van a afectar a empresas y trabajadores.
El más reciente, del 22 de agosto, es el “corta y pega” en la Ley de Paridad, relativo a la eliminación de dos causas de nulidad objetiva o automática del despido en supuestos de peticiones de adaptación de jornada y disfrute del permiso de cinco días por hospitalización o enfermedad de familiares. Es un error más propio de 'Manolo y Benito' que de un Ministerio, por pocos recursos que tenga. Un error que incrementará la conflictividad laboral cuanto más tiempo tarden en subsanarlo.
También estamos expectantes del pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la declaración de nulidad o no de los despidos en situación de baja por incapacidad temporal, lo que tras la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación es uno de los focos de mayor conflictividad ahora mismo en la jurisdicción social con sentencias dispares. Esto no solo afecta a los despidos durante la baja por enfermedad, sino también a extinciones de contratos por no superar el periodo de prueba cuando el trabajador está de baja, o despidos que se producen justo al volver de la misma.
Y fumando esperamos… a ver si se produce o no una modificación de la normativa laboral en torno a las indemnizaciones por despido, fruto de la decisión del pasado 29 de julio del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa sobre la indemnización por despido improcedente en España. Hay que recordar que este Comité consideraba que no es lo suficientemente reparadora, lo que va a suponer más madera para la caldera de la jurisdicción social, puesto que habrá más trabajadores solicitando una indemnización adicional o disuasoria y esto redundará en menos acuerdos en la conciliación, para intentar pleitear por esa indemnización accesoria en la tarima del juzgado.
Pendientes también estamos de que se publique en el BOE la modificación que se aprobó el pasado 23 de julio en el Consejo de Ministros, relativa a la extinción automática del contrato en caso de declaración de incapacidad permanente, hasta ahora al arbitrio de la empresa. Ahora se requerirá, con carácter previo a esta extinción, el prever o mantener ajustes razonables con el fin de permitir a dicho trabajador conservar su empleo o demostrar, en su caso, que tales ajustes constituirían una carga excesiva para la empresa.
Y qué decir de la “medida estrella” de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que, en principio, debía estar ya aprobada, y una de las últimas novedades que tenemos al respecto, del pasado 9 de septiembre, es el “Plan Pyme 375”, un “supuesto” plan específico de acompañamiento a las pequeñas empresas para adaptarse a la nueva situación. Esperemos que no sea como el “Plan E” de Zapatero, que acabó costando al erario público más de 160.000 euros por cada empleo creado.
En definitiva, como docente que también soy, me da en la nariz que nuestro Gobierno tiene el síndrome del “apretón del vago”: término con el que se conoce a aquellos malos estudiantes que durante el curso no han trabajado con el esmero suficiente para superar las asignaturas… y a pocos días de los exámenes se ponen a estudiar atropelladamente.
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